El miércoles pasado se cerró el plazo para que los promotores de parques eólicos y fotovoltaicos que tenían un permiso de conexión a la red eléctrica desde antes de 2020 obtuvieran una declaración de impacto ambiental favorable para poder continuar con sus proyectos. De momento, se desconoce la cuantía total de la electricidad que podrán generar y cuáles son exactamente las empresas que los llevarán a cabo, pero grandes empresas del sector como Naturgy, Solaria o Endesa ya han empezado a comunicar la concesión de evaluaciones favorables para instalar miles de megavatios de potencia y entre las decenas de evaluaciones que en las últimas semanas han publicado los boletines oficiales del Estado y de las comunidades autónomas, otras grandes como Iberdrola o Cepsa -a través de su filial Mitra Alfa- aparecen también como las compañías que, según datos aproximados del sector, generarán en los próximos años casi la misma electricidad de origen renovable de la que estaba prevista como objetivo para 2030.
En los últimos días, Naturgy ha informado de que ha obtenido "luz verde ambiental" para más de 1.300 megavatios renovables, una potencia instalada que se repartirá en 18 proyectos para la construcción de otros tantos parques eólicos, de los cuales ocho están en Galicia y otro más en Castilla y León, donde también se ubicarán tres parques fotovoltaicos de entre 50 MW de potencia instalada y 300. La compañía construirá otros parque fotovoltaico en Extremadura, que será su mayor instalación en España, y otros dos en Castilla- La Mancha y dos parques eólicos más en Canarias.
Por su parte, Solaria también ha difundido la imagen final en que quedaron sus proyectos en la fecha límite para tener una evaluación ambiental del 25 de enero con el resultado de que en los próximos años será la encargada de instalar una potencia de casi 4.000 megavatios en proyectos entre los que se incluyen parques fotovoltaicos de Cifuentes-Trillo (Guadalajara), Garoña (Burgos) y Villaviciosa (Toledo-Madrid).
Tal y como establecía la ley que en 2020 fijó diferentes hitos para deshacer el atasco de proyectos de renovables que llevaban años sin tener una evaluación de impacto, a las comunidades autónomas les correspondió evaluar los proyectos de una potencia instalada de hasta 50 MW y al Ministerio de Transición Ecológica, a partir de esa cantidad. Es por eso que en las últimas semana se han sucedido en los boletines oficiales de las distintas autonomías resoluciones relativas a proyectos más pequeños mientras que el BOE ha publicado evaluaciones, que por tratarse de más envergadura, requerían una evaluación del Ministerio.
En día antes de que venciera el plazo del 25 de enero, Endesa anunció que a través de su división de renovables, Enel Green Power España, construirá su primer parque eólico en Cataluña, el Parque Eólico Galatea, que prevé la instalación de 49 MW de potencia instalada y generar 140 gwh/año, suficientes para satisfacer el consumo eléctrico en un año de los hogares de la comarca. En Galicia, Endesa es junto con Green Capital y Greenalia una de las tres empresas que antes del toque de campaña del 25 de enero obtuvo evaluación para proyectos de parques eólicos que suman una potencia instalada de 800 MW.
Estas grandes empresas y proyectos se mezclan con otros de menor envergadura - de menos de 50MW y en empresas que operan solo en una provincia- que han sido evaluadas por las comunidades autónomas, donde sin embargo también hay proyectos muy relacionados con las primeras. Por ejemplo, el parque eólico de 20 MW que ha proyectado en la localidad zamorana de Lubián la compañía Ibereólica Renovables, aliada de Repsol y Naturgy en proyectos de renovables en Chile. Por su parte, la compañía Libienergy tiene presencia en varios boletines oficiales, porque en las últimas semanas ha obtenido por parte del Ministerio la evaluación ambiental para una planta fotovoltaica de 54,6 MW en Villarrubia de Santiago (Toledo) y de Aragón para instalar otra de 37,4 MW en Fraga (Huesca). Antes del plazo del 25 de enero, Greenergy, una empresa con presencia en 11 países, obtuvo tres evaluaciones favorables para tres plantas fotovoltaicas por una potencia instalada total de 472 MW, en Tabernas, Almería (250 MW); en José Cabrera (Guadalajara), de 50 MW y en Ayora (Valencia), de 172 MW.
Los pequeños sufren el bloqueo de las redes
La pujanza de las grandes compañías es tan lógica, por su mayor capacidad, como inoportuna para productores más pequeños de energía renovable y para el autoconsumo, que ven bloqueado el permiso de conexión y el acceso a redes eléctricas por la presencia casi hegemónica de los actores más grandes. "El gran problema es que bloquean las redes, la mayor parte de la capacidad de las redes está bloqueada por estas grandes inversiones", denuncia Pedro Gil, presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AIFOC), que ha plantado esta cuestión directamente por carta a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
"Están perjudicando la generación distribuida. Hay zonas donde ya no se puede poner nada porque hay grandes productores que tienen un punto de conexión concedido y un señor que quiere poner 500 kilovatios para su consumo no lo puede pedir", afirma Gil, que en su carta a Ribera.
"Estamos dando el pan de nuestras redes a grupos que hacen grandes infraestructuras", dice Gil, que reconoce que son "necesarias" pero que deberían compartirse de algún modo, "dejar libres unos porcentajes en redes" para los pequeños y para el autoconsumo.
Fuente: 20minutos.es
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